Propuesta para derechos de audiencias

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La Asociación Mexicana de Internet presenta posicionamiento ante consulta pública para evitar controles editoriales del Estado y fortalecer los estándares internacionales.
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Redaccion

La Asociación Mexicana de Internet presentó un posicionamiento institucional respecto a la estructuración de una nueva regulación sobre los derechos de las audiencias en el territorio nacional.


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De acuerdo con el documento emitido por la organización, los lineamientos oficiales deben alinearse con los estándares constitucionales y las mejores prácticas internacionales para otorgar un beneficio social sin otorgar facultades de supervisión editorial al Estado.

Certeza jurídica y esquemas de protección

Para prevenir la discrecionalidad administrativa, el organismo subraya la necesidad de sustituir los conceptos ambiguos por parámetros técnicos y verificables dentro del marco normativo.

Foto especial: www.asociaciondeinternet.mx

En este sentido, la propuesta institucional sugiere incorporar la figura de diligencia razonable para que los medios acrediten sus actuaciones de buena fe mediante códigos éticos.

Tutela especializada para la infancia

Asimismo, la agrupación enfatiza la importancia de recuperar un esquema especializado de protección dirigido a las niñas, niños y adolescentes bajo el principio de autonomía progresiva.

Foto especial: www.asociaciondeinternet.mx

La regulación debe contemplar restricciones claras contra la publicidad engañosa y los mensajes orientados a incentivar conductas de riesgo en los entornos digitales.

Alfabetización mediática frente a nuevas tecnologías

Ante la circulación masiva de contenidos mediante sistemas avanzados, la asociación destaca que la defensa principal de la ciudadanía radica en la alfabetización digital.

Fomentar audiencias críticas con capacidad de verificación informativa representa un mecanismo democrático más eficaz que el incremento del aparato sancionador.

Autorregulación y colaboración multisectorial

Finalmente, el documento plantea que la revisión de los códigos normativos internos permanezca como un trámite formal para garantizar una autorregulación auténtica.

La organización reiteró su disposición para colaborar con el gobierno federal y diversas entidades internacionales con el propósito de consolidar un estado de derecho.

 

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