Autor: Víctor Ruiz fundador de SILIKN
Al analizar de manera crítica y objetiva, y a la luz de la evidencia técnica disponible, el escenario que revela el estudio presentado por la Consejería Jurídica del Gobierno de México plantea una pregunta incómoda: ¿el Estado mexicano carece realmente de capacidades tecnológicas para enfrentar problemas como la delincuencia, las desapariciones y los ciberdelitos, o simplemente decide utilizarlas de manera selectiva? La evidencia expuesta apunta hacia una conclusión particularmente grave: México no enfrenta una incapacidad tecnológica absoluta, sino una preocupante asimetría en la asignación de sus recursos, capacidades y prioridades, que podría incluso rozar el desvío de poder y el uso faccioso de las herramientas del Estado.
El dato resulta revelador. Mientras distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia han argumentado durante años que la falta de presupuesto, tecnología, personal especializado o infraestructura explica buena parte de sus limitaciones para combatir delitos cada vez más sofisticados, el Gobierno Federal ha demostrado que sí cuenta con recursos humanos, científicos de datos, licencias de software y capacidad de coordinación institucional para procesar millones de registros digitales. El problema, por tanto, no parece ser únicamente cuánto puede hacer el Estado, sino para qué decide emplear aquello que tiene a su disposición.
El estudio presentado por la Consejería Jurídica habría implicado el procesamiento de alrededor de 22 millones de datos y el análisis de aproximadamente 560 mil cuentas de ciudadanos, periodistas y políticos para identificar patrones de interacción y redes digitales alrededor de determinadas expresiones críticas. La dimensión del ejercicio resulta difícil de ignorar. Una administración que puede movilizar capacidades de análisis masivo para reconstruir relaciones entre usuarios, identificar tendencias, clasificar cuentas y elaborar mapas de interacción dispone, evidentemente, de herramientas tecnológicas considerablemente superiores a las que con frecuencia se invocan como inexistentes cuando se trata de perseguir delitos.
Durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, uno de los argumentos recurrentes frente a los pobres resultados en materia de ciberdelincuencia, desapariciones o investigación criminal ha sido la austeridad, la insuficiencia presupuestal o el supuesto rezago heredado de administraciones anteriores. Sin embargo, el caso plantea una contradicción difícil de explicar: cuando el objetivo es responder políticamente a quienes cuestionan al gobierno, aparentemente aparecen los recursos, la infraestructura tecnológica y la capacidad de procesamiento que no siempre están disponibles para atender a las víctimas de delitos.
La consecuencia es la configuración de una suerte de capacidad selectiva del Estado. No se trata de afirmar que toda actividad de monitoreo de redes sociales sea ilegal o que cualquier análisis de información pública constituya espionaje. Los gobiernos democráticos pueden y deben conocer las tendencias de la conversación pública, detectar campañas coordinadas de desinformación y responder a fenómenos que puedan afectar el debate público. El problema aparece cuando las mismas capacidades que podrían utilizarse para proteger a la ciudadanía son orientadas prioritariamente a identificar, clasificar y exhibir a quienes ejercen su derecho a cuestionar al poder.
Aquí surge otra preocupación: el tránsito del llamado social listening al perfilamiento político. El gobierno puede argumentar que la información analizada provino de fuentes abiertas y que cualquier ciudadano puede consultar publicaciones en plataformas como X o Facebook. Pero técnicamente existe una diferencia considerable entre observar una conversación pública y descargar, almacenar, cruzar, categorizar y relacionar masivamente la actividad de cientos de miles de cuentas.
Cuando el aparato científico y tecnológico del Estado comienza a clasificar ciudadanos en función de sus comportamientos digitales, identifica grupos de interacción y los coloca dentro de categorías como supuestas “capas de ataque”, la discusión deja de ser exclusivamente comunicativa y adquiere una dimensión política e institucional. La pregunta fundamental ya no es qué publicaron esas personas, sino con qué finalidad el gobierno decidió construir una estructura de datos alrededor de ellas y, posteriormente, utilizar esa información desde canales oficiales para confrontarlas o exhibirlas.
El riesgo es especialmente delicado cuando las personas identificadas incluyen periodistas, políticos, ciudadanos y críticos del gobierno. En una democracia, el poder público tiene una responsabilidad reforzada frente a quienes lo cuestionan. La crítica, incluso aquella que resulta incómoda, agresiva o injusta, forma parte del debate público. Convertir las capacidades analíticas del Estado en un mecanismo para identificar y exhibir adversarios puede producir un efecto inhibitorio: no necesariamente se necesita censurar directamente a alguien para reducir su disposición a hablar; basta con transmitir el mensaje de que el gobierno tiene la capacidad y la voluntad de observar, clasificar y señalar públicamente a sus críticos.
Por ello, resulta legítimo preguntarse hasta dónde llega este tipo de monitoreo y qué herramientas se utilizan realmente para realizarlo. La frontera entre el análisis de información pública y una estructura de inteligencia política puede ser estrecha. El social listening, por sí mismo, no equivale a espionaje: analiza contenidos que los usuarios hacen públicos. Sin embargo, si para establecer con precisión que una cuenta forma parte de una red coordinada o que existe una operación vinculada con actores extranjeros se recurre a información que excede lo públicamente disponible —como metadatos de conexión, patrones de IP, números telefónicos, geolocalización u otros identificadores—, la naturaleza del análisis cambia sustancialmente.
Por eso, más allá de las conclusiones políticas del estudio, una de las preguntas centrales debería ser qué información fue efectivamente utilizada, de dónde provino, quién tuvo acceso a ella, cuánto tiempo fue almacenada, bajo qué fundamento jurídico se procesó y qué controles independientes existieron sobre su utilización. La transparencia en estos puntos es indispensable. En un Estado democrático, no basta con afirmar que los datos estaban disponibles en internet; también debe explicarse qué hizo el gobierno con ellos y bajo qué límites.
La preocupación adquiere una dimensión adicional por los antecedentes de vigilancia que han marcado la historia reciente de México. El país ya ha enfrentado controversias relacionadas con el uso de tecnologías de espionaje, incluido el caso del software Pegasus, así como con las prácticas de inteligencia de organismos como el antiguo CISEN. La diferencia contemporánea podría estar en la forma: mientras antes la vigilancia se asociaba principalmente con herramientas de inteligencia y penetración de dispositivos, hoy puede presentarse bajo un lenguaje aparentemente inocuo de “análisis de comunicación social“, “inteligencia de datos” o “derecho de réplica”.
Pero la tecnología no cambia la naturaleza del poder que la utiliza. Un gobierno puede disponer de las herramientas digitales más sofisticadas y, al mismo tiempo, emplearlas para objetivos profundamente cuestionables desde el punto de vista democrático. La existencia de tecnología avanzada no constituye por sí misma un problema; el problema es quién la controla, contra quién se utiliza, con qué propósito y bajo qué mecanismos de rendición de cuentas.
Y es precisamente ahí donde aparece el aspecto más grave de este episodio: el costo de oportunidad. La discusión no debería limitarse a determinar si resulta conveniente o inconveniente que el gobierno analice redes sociales. La pregunta verdaderamente importante es qué otras necesidades podrían estar siendo desatendidas mientras recursos públicos, talento especializado y capacidad tecnológica se destinan a investigar la conversación digital alrededor del propio gobierno.
México enfrenta una crisis de seguridad que no puede resolverse mediante discursos. Las redes criminales utilizan plataformas digitales para reclutar víctimas, cometer fraudes, lavar dinero, intercambiar información y ampliar sus operaciones. Las organizaciones dedicadas a la trata de personas aprovechan redes sociales para establecer contacto con potenciales víctimas. Los grupos criminales recurren cada vez más a herramientas digitales y mecanismos financieros complejos, mientras las instituciones encargadas de perseguir estos delitos siguen enfrentando limitaciones tecnológicas y de personal.
La contradicción resulta todavía más dolorosa en el caso de las personas desaparecidas. Mientras familias enteras se ven obligadas a emprender búsquedas por cuenta propia, a organizar colectas y, en muchos casos, a adquirir con sus propios recursos herramientas para localizar a sus seres queridos, el Estado demuestra que sí puede movilizar importantes capacidades de análisis y procesamiento de información cuando considera que existe una prioridad política.
Ese contraste plantea una cuestión elemental de responsabilidad pública. Si existen científicos de datos, infraestructura tecnológica, sistemas de procesamiento masivo y capacidad institucional para analizar millones de registros digitales, ¿por qué esas mismas capacidades no se colocan en el centro de una estrategia nacional para localizar personas desaparecidas, combatir la trata, investigar redes criminales digitales, detectar fraudes y perseguir financieramente a las organizaciones delictivas?
El problema, entonces, no es únicamente tecnológico. Es político y ético. En una democracia, las capacidades del Estado deben estar orientadas al interés público y, de manera prioritaria, a proteger los derechos, la seguridad y la integridad de los ciudadanos. Utilizar recursos públicos para responder a críticos puede convertirse en una desviación de esa finalidad cuando la confrontación política termina desplazando tareas esenciales de seguridad y justicia.
La gravedad del asunto no radica en que el gobierno quiera defenderse de críticas o responder a campañas de desinformación. Cualquier administración tiene derecho a hacerlo. Lo que debe cuestionarse es la utilización de capacidades estatales extraordinarias para construir perfiles, clasificaciones y mapas de interacción de quienes participan en el debate público, particularmente cuando esas capacidades no parecen estar disponibles con la misma intensidad para atender las emergencias que afectan directamente a la población.
En última instancia, la verdadera prueba de un Estado no consiste en demostrar que puede saber quién habla mal de él. Consiste en demostrar que puede encontrar a una persona desaparecida, desmantelar una red de trata, perseguir a un delincuente digital, recuperar recursos provenientes del crimen y proteger a una víctima antes de que sea demasiado tarde.
Si el Gobierno de México tiene la capacidad tecnológica para procesar 22 millones de datos y analizar cientos de miles de cuentas para construir una narrativa política, entonces también tiene la obligación de explicar por qué esa capacidad no se encuentra desplegada con igual determinación para enfrentar los problemas que diariamente cuestan vidas, patrimonio y libertad a los mexicanos.
Porque cuando la tecnología del Estado parece ser más eficiente para vigilar la conversación pública que para proteger a la ciudadanía, el problema deja de ser una simple decisión administrativa. Se convierte en un indicador preocupante de las prioridades del poder. Y en una democracia, pocas cosas resultan más peligrosas que un Estado con enormes capacidades tecnológicas utilizadas de manera selectiva: fuerte frente a sus críticos, pero insuficiente frente a los criminales y ausente frente a sus víctimas.
