Los intentos de fraude telefónico y extorsión dirigidos a los adultos mayores en México han dejado de ser llamadas genéricas para convertirse en engaños hechos a la medida. La materia prima de ese salto de precisión son los datos personales que ya circulan en la red y que, según un estudio de Kaspersky, la mayoría de las víctimas ni siquiera sabe que están expuestos: el 69% de los mexicanos mayores de 60 años reconoce que no se ha enterado de las filtraciones de datos más recientes. Esa ceguera es, precisamente, lo que vuelve tan efectivo al fraude.
El fenómeno tiene un trasfondo económico que rebasa la anécdota. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en los primeros nueve meses de 2025 se registraron más de 3.8 millones de reclamaciones por posible fraude financiero, con pérdidas superiores a los 16 mil 600 millones de pesos. Y dentro de ese universo, los adultos mayores aparecen sobrerrepresentados: concentran cerca del 32% de las quejas por fraude bancario pese a ser apenas el 12.8% de la población, una tasa de victimización 2.5 veces mayor a su peso demográfico.
Datos reales como falsa prueba de legitimidad
La técnica de fondo es la ingeniería social, una forma de manipulación psicológica en la que el delincuente no vulnera un sistema, sino la confianza de la persona. A partir de bases de datos filtradas, los atacantes construyen llamadas mucho más convincentes: mencionan el nombre completo, el domicilio o incluso datos de familiares para hacerse pasar por bancos, instituciones o parientes en apuros. Esa información real opera como una prueba aparente de legitimidad que empuja a la víctima a bajar la guardia y facilita fraudes financieros, robo de identidad y otros engaños.
El componente que agrava el panorama es la inteligencia artificial. Kaspersky advierte que los ciberdelincuentes ya se apoyan en IA y en información pública disponible en línea para elaborar historias más creíbles y difíciles de detectar, en un contexto donde la conectividad de este segmento se disparó: según el INEGI, la penetración de internet entre las personas de 65 a 74 años pasó de 11.2% a 57.8% en la última década.
Qué hacen, y qué no, tras una filtración
El riesgo no termina en el desconocimiento; también está en la reacción. El estudio de la firma detalla que, al enterarse de que sus datos fueron comprometidos, el 49% de los adultos mayores revisa si hubo transacciones no autorizadas en sus cuentas, el 43% cambia las contraseñas de sus cuentas digitales y otro 43% actualiza las claves de su banca en línea. El dato que enciende las alertas es el otro extremo: un 17% admite que simplemente no hizo nada. La tendencia es global. A nivel mundial, alrededor del 21% de las personas mayores de 55 años no adopta ninguna medida para proteger su entorno en línea.
Una tarea compartida, no individual
Frente a este escenario, el acompañamiento familiar deja de ser un gesto de cortesía para volverse una capa de seguridad. “Es importante acompañar a los adultos mayores en el uso de la tecnología, explicarles las nuevas modalidades de engaño y reforzar una regla sencilla: ante cualquier llamada o mensaje inesperado, incluso si parece legítimo, detenerse, verificar la información por otro canal y no compartir datos personales ni financieros”, señaló Judith Tapia, Gerente de Productos para el Consumidor de Kaspersky en México.
Entre las recomendaciones de la firma destacan cuatro prácticas concretas: no asumir que quien conoce tus datos es de confianza,esa información pudo salir de una filtración; limitar la información personal que se comparte y se publica en redes; revisar en familia y de forma periódica si alguna cuenta aparece en filtraciones, cambiando contraseñas y activando la autenticación de dos factores; y acordar una pregunta o palabra de verificación familiar para desmontar las llamadas que aseguran que un pariente está en problemas y exigen dinero urgente.
El tema empieza a escalar también al terreno regulatorio y de negocio. Bancos y fintechs han estrechado alianzas con la Condusef para atención prioritaria a este segmento, que suma unos 17 millones de personas, de las cuales dos terceras partes ya tienen al menos un producto financiero, mientras en el Congreso se han presentado iniciativas para agravar las penas del fraude digital cometido contra personas de 60 años y más. Para una industria financiera cada vez más digital, blindar a su base de clientes de mayor edad se perfila menos como una acción de responsabilidad social y más como una condición del negocio.
