El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó en abril de 2025 el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional al considerar indicios de que en México esta práctica ocurría de manera generalizada. Este mecanismo, reservado para situaciones excepcionales, implicó solicitar información detallada al Estado mexicano y abrió la posibilidad de llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU.
El relator del CED, Juan Pablo Albán, presentó estos avances en octubre de 2025 durante la 20ª sesión de la Tercera Comisión de la Asamblea General en Nueva York. El gobierno de México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, rechazó de inmediato estas afirmaciones a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Tensiones entre el Gobierno y Organismos Internacionales
Las autoridades mexicanas insistieron en que las desapariciones no constituyen una política de Estado ni son atribuibles al gobierno, sino que responden principalmente al accionar de la delincuencia organizada. Enfatizaron que el Estado no consiente ni ordena la desaparición de personas, defendiendo que el escrutinio internacional debe respetar el espíritu de cooperación.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), actualizado al 27 de marzo de 2026, existen 132.534 personas con estatus de desaparecidas desde 2006. De un total histórico de 394.645 registros, el 66% han sido localizadas, la gran mayoría de ellas con vida.
El Reclutamiento Digital de la Juventud
El gobierno desglosó los casos activos en tres grupos, destacando que el 33% cuenta con información completa y sin rastro posterior, considerados prioritarios para la búsqueda. Dentro de esta crisis, destaca el alarmante reclutamiento de jóvenes por parte de cárteles mediante redes sociales y servicios de mensajería.
Grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación utilizan plataformas como TikTok e Instagram para publicar falsas ofertas de empleo con salarios atractivos. Los jóvenes, especialmente varones de 14 a 20 años en situación vulnerable, son trasladados a campos de entrenamiento donde se les obliga a delinquir.
Estadísticas del Riesgo y Respuesta Institucional
La unidad de investigación de SILIKN estima que entre 150.000 y 300.000 niños y adolescentes están en riesgo de ser cooptados por la delincuencia organizada. Se calcula que los cárteles reclutan anualmente entre 45.000 y 55.000 infantes, concentrándose el peligro en estados como Chihuahua, Colima y Baja California.
Entre octubre de 2024 y marzo de 2026, el gobierno cerró 547 cuentas vinculadas al reclutamiento, aunque estas acciones no han sido suficientes para contener el fenómeno. La persistencia de esta crisis humanitaria exige una respuesta integral que priorice la protección de la juventud frente a las nuevas estrategias delictivas.
Autor: Víctor Ruiz
