México perfila su primera ley de inteligencia artificial entre ambición regulatoria y dudas sobre su viabilidad. El Senado mexicano se encuentra en la etapa más avanzada hasta ahora para construir el primer marco legal integral en la materia.
Detrás del discurso de modernización y soberanía tecnológica, crecen las dudas sobre la capacidad real del Estado para implementar una legislación de alta complejidad. La propuesta contempla la creación de una autoridad nacional encargada de supervisar la IA y un sistema de certificación.
Infraestructura y Sanciones
A ello se suma un esquema de sanciones que clasifica las infracciones en distintos niveles, incluyendo consecuencias penales. En paralelo, la iniciativa incorpora prohibiciones relevantes, como el uso de deepfakes dañinos y la manipulación política.
Sobre el papel, el proyecto busca alinearse con estándares internacionales al incorporar principios como la protección de datos personales. Incluso, reformas recientes en materia laboral y derechos de autor ya han comenzado a regular el uso de voz e imagen.
Capacidad Institucional y Transparencia
No obstante, el avance normativo contrasta con la limitada capacidad institucional para hacer cumplir lo que se legisla. México ha demostrado que puede producir marcos legales técnicos que enfrentan dificultades de implementación en la práctica.
La brecha entre la ley y la realidad suele traducirse en simulación regulatoria donde las normas no se aplican de forma efectiva. Sin infraestructura adecuada ni personal capacitado, la aplicación de la ley podría depender de criterios discrecionales.
Riesgos y Competitividad Tecnológica
Esto abre la puerta a decisiones poco transparentes y a un uso selectivo de la regulación con fines políticos. Las preocupaciones aumentan por conceptos ambiguos como riesgos informativos que pueden prestarse a interpretaciones amplias.
La debilidad de los sistemas de protección de datos plantea un escenario en el que los ciudadanos podrían quedar expuestos. Además, la imposición de requisitos complejos tiende a favorecer a grandes corporaciones, desplazando a las startups locales.
Autor: Víctor Ruiz, fundador de SILIKN
