Recientemente, el Diario Oficial de la Federación publicó la resolución impulsada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que modifica las disposiciones aplicables a las instituciones de crédito. Estas normativas se centran en la verificación de identidad mediante el uso de tecnología biométrica. Ante este escenario, las entidades financieras cuentan con un periodo de 90 días hábiles para realizar las adecuaciones correspondientes en sus procesos operativos.
Es natural que la primera reacción de las instituciones sea buscar el cumplimiento normativo dentro del plazo establecido. Sin embargo, limitar esta reforma a una serie de requisitos por marcar puede desaprovechar la oportunidad de consolidar una infraestructura digital sólida. El verdadero reto consiste en establecer un sistema capaz de soportar la evolución regulatoria de la próxima década frente a fraudes cada vez más complejos.
Requisitos técnicos de la reforma
Dentro de los contenidos técnicos establecidos en la normativa destaca la biometría facial como mecanismo oficial de verificación. Este sistema complementa el esquema tradicional de huella dactilar y exige un umbral mínimo de coincidencia del 90% en comparación con los registros de autoridades federales como el INE o la SRE.
Asimismo, la resolución autoriza la creación de bases de datos biométricas propias bajo el gobierno y protección de cada institución. La regulación prohíbe de manera expresa la comercialización o transferencia de estos datos a terceros y exige la realización de auditorías periódicas en materia de ciberseguridad.
Administración de identidades a gran escala
Bajo el modelo normativo anterior, los procesos de conocimiento del cliente requerían únicamente operaciones de coincidencia uno a uno para comprobar si una persona era quien decía ser. No obstante, el nuevo marco regulatorio demanda el uso de plataformas tecnológicas conocidas como sistemas automatizados de identificación biométrica, abreviados como ABIS. Estas herramientas están diseñadas para gestionar múltiples tipos de registros de manera simultánea y segura.
La creación de bases de datos biométricas implica resolver retos complejos como la deduplicación de registros, un proceso que asegura que un mismo individuo no esté registrado bajo identidades alternas. Para cumplir con este objetivo se requiere una arquitectura tecnológica capaz de identificar, monitorear listas de control y procesar biometría multimodal a gran escala.
Ciclo de vida de la identidad digital
El cumplimiento de la normativa abarca un ciclo integral que comienza con la captura de datos con calidad certificable mediante el uso de dispositivos accesibles. La segunda etapa corresponde a la verificación, la cual incluye pruebas de vida y los porcentajes mínimos de coincidencia con las fuentes federales.
Las etapas subsecuentes involucran la identificación mediante sistemas avanzados, la vinculación a través de autenticación multifactor y la reutilización de la identidad validada en distintos canales de atención. Estas capacidades determinan si la inversión tecnológica se traduce en una herramienta reutilizable o en un proyecto de cumplimiento aislado.
Criterios para la preparación institucional
Ante el apretado margen de tiempo, las empresas del sector financiero deben evaluar la capacidad de sus plataformas actuales para soportar procesos de identificación masiva. Un aspecto fundamental es definir los mecanismos para gobernar y cifrar la información directamente en el dispositivo del usuario, reduciendo los riesgos operativos.
Asimismo, las instituciones deben considerar si las soluciones tecnológicas adoptadas generarán nuevas fuentes de ingresos y experiencias multicanal eficientes. La capacidad de incorporar futuras modalidades biométricas sin requerir rediseños totales diferencia a una solución táctica de una inversión duradera.
Perspectivas de negocio y gobernanza
Tratar la reforma únicamente como un trámite administrativo temporal incrementa la probabilidad de enfrentar los mismos desafíos ante futuras actualizaciones normativas. Las entidades que opten por integrar una infraestructura robusta resolverán las obligaciones actuales mientras sientan las bases para su operación a largo plazo.
En conclusión, la regulación establece los criterios mínimos de cumplimiento, pero corresponde a cada institución diseñar una estrategia integral. La correcta administración de las identidades digitales y la seguridad de los datos garantizan la sostenibilidad y el crecimiento del negocio en el entorno financiero actual.
