La iniciativa de Ley de Economía Digital, la cual avanzó en el Senado el 14 de octubre, busca ampliar la aceptación de pagos digitales en el país, generando desafíos relacionados con la seguridad de las transacciones y la protección de datos. Ante este proceso legislativo, la empresa especializada IQSEC identifica tres prioridades fundamentales para fortalecer la protección de identidades, la seguridad de los pagos electrónicos y la continuidad de los servicios digitales.
La compañía señala que una mayor dependencia de los medios electrónicos vuelve indispensable evaluar la disponibilidad de los canales financieros y contar con mecanismos sólidos de respuesta ante interrupciones. Alicia Trejo, quien se desempeña como Gerente Ciberlegal de IQSEC, indicó que la expansión de las plataformas digitales debe sostener la confianza de las instituciones, empresas y usuarios mediante esquemas de seguridad adecuados.
Aspectos clave de la propuesta
Entre los puntos relevantes de la iniciativa destaca el reconocimiento de la CURP Digital como mecanismo para la contratación de servicios financieros, además del uso del Expediente Digital Ciudadano para consultar documentos a petición de las personas. No obstante, la vocera de IQSEC explicó que este reconocimiento no exime a las instituciones de cumplir con las obligaciones de autenticación y verificación aplicables para prevenir riesgos de suplantación.
Asimismo, la propuesta contempla facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar sectores donde los medios de pago electrónicos sean obligatorios, y prevé que los tres órdenes de gobierno habiliten infraestructura para aceptar dichos pagos en trámites públicos. Ante posibles contingencias técnicas, la normativa permite el uso temporal de efectivo o cheque, lo cual exige a las organizaciones mantener planes de recuperación y procedimientos operativos eficaces.
Prioridades para las organizaciones
Derivado de este contexto, la firma tecnológica recomienda a las instituciones evaluar tres áreas principales enfocadas en mitigar riesgos y cumplir con las disposiciones normativas vigentes. El primer aspecto consiste en revisar los mecanismos de identificación y autenticación para prevenir el robo de identidad conforme a las reglas de cada operación.
La segunda prioridad abarca la seguridad y la interoperabilidad de los ecosistemas de pago mediante la protección de información, el monitoreo constante y la prevención de fraude en las integraciones tecnológicas. Finalmente, la tercera línea de acción se centra en garantizar la resiliencia operativa y la disponibilidad de los canales digitales ante cualquier falla imprevista.
Conclusiones sobre la ciberseguridad
La empresa emisora del comunicado, con 19 años de trayectoria en el sector, subraya que la confianza institucional no depende únicamente de habilitar nuevos medios de pago o aceptar identidades digitales. La representante de la organización concluye que la seguridad y el cumplimiento normativo deben integrarse desde el diseño para proteger la información y responder de manera oportuna ante cualquier incidente.
