La Asociación Mexicana de Internet, A.C. (AIMX) expresa su postura institucional respecto a la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal del Trabajo en materia de Inteligencia Artificial, uso de imagen y voz, actualmente en discusión en el Poder Legislativo.
La AIMX advierte la existencia de riesgos regulatorios potenciales derivados de la redacción actual de la iniciativa, los cuales podrían generar efectos no previstos sobre el desarrollo tecnológico, la innovación digital y la certeza jurídica en el país.
Desafíos en Implementación y Certeza Jurídica
En particular, se advierte que el modelo de consentimiento previsto en la iniciativa, al exigir autorizaciones específicas, previas y potencialmente reiteradas para distintos usos de imagen y voz, podría resultar de difícil implementación en entornos digitales dinámicos y escalables.
Este diseño podría traducirse en cargas operativas significativas para la industria digital, especialmente en sectores como la producción audiovisual, la publicidad digital y las plataformas tecnológicas, lo cual podría resultar incompatible con el principio de proporcionalidad normativa.
Impacto en la Innovación y Libertad Creativa
La ausencia de una diferenciación clara entre el uso indebido de estas herramientas y el desarrollo o disponibilidad de las mismas podría generar incentivos negativos para la innovación nacional, así como riesgos regulatorios que limiten la competitividad digital del país.
De igual manera, la AIMX considera que la iniciativa, en su redacción actual, podría tener implicaciones para la libertad de expresión y la creatividad digital si no se incorporan excepciones claras para supuestos como la parodia, la sátira, el uso informativo, educativo o el contenido no comercial.
Privacidad y Propuestas de Colaboración
La eventual recopilación, almacenamiento o tratamiento de datos de ubicación asociados a personas artistas intérpretes o ejecutantes podría generar riesgos adicionales en materia de privacidad, protección de datos personales y seguridad digital.
Finalmente, se recomienda que las disposiciones normativas incluyan definiciones jurídicas claras y delimitadas que permitan distinguir entre el desarrollo tecnológico legítimo y el uso indebido de contenidos protegidos, con el fin de reducir riesgos de interpretación extensiva.
